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¿Tortura de animales, con los días contados?

 

Javier González, experto en bioética, llama al Congreso y al Gobierno a frenar maltrato.

El futuro de la tortura animal hecha espectáculo parece tener sus días contados. El rechazo generalizado hacia el maltrato y muerte de un toro de Turbaco (Bolívar), y ahora de un caballo en Buenavista (Sucre), ambos en corralejas, ha permitido que distintas instituciones se manifiesten al respecto y que el miedo histórico a tomar medidas drásticas se vaya esfumando.

En este sentido, son bienvenidas las propuestas legislativas y la disposición por parte del Gobierno para abrir un debate sano y visionario acerca de qué entendemos por protección a los animales y cómo es la mejor forma para que el país la haga realidad.

Mientras tanto, en esta temporada en donde aún faltan jornadas de ferias y fiestas, los colombianos debemos hacer el esfuerzo por entender que los eventos donde torturan animales, son escenarios donde sin mayores cuestionamientos se disfruta y explota la grotesca capacidad que tenemos de gozar, aplaudir y promover el dolor ajeno.

Como ciudadanos debemos continuar haciendo llamados por el cambio y tener claro que el trato que le damos a los animales refleja en gran medida lo que somos como país.

La indignación pública con respecto a cómo hirieron y mataron al toro, e incluso frente a la masacre del caballo en Buenavista, generó una serie de pronunciamientos oficiales que vale la pena revisar.

Entes de control

La Procuraduría y Fiscalía General de la Nación anunciaron que investigarían lo ocurrido. La Fiscalía estableció que la persona que apuñaló al toro no cometió algún delito. Es apenas lógica esta determinación puesto que el maltrato animal no es tipificado como delito en Colombia.

Por otra parte, la Procuraduría emitió un comunicado donde anuncia que realizará las investigaciones para establecer si debe haber sanciones disciplinarias y consideró que “durante las recientes fiestas de corralejas en Turbaco se violó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales”.

El argumento que la Procuraduría esboza para considerar que hubo violación al Estatuto Nacional de Protección a los Animales (Ley 84 de 1989) es ridículo. Cita la parte del artículo 6 del Estatuto que dice: "El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso".

Resulta que el artículo 6 va acompañado de un prontuario ̶ un listado que va desde la letra A hasta la Z, coincidencia cuestionable en términos de diseño de normas ̶ de conductas consideradas como crueldad hacia los animales. Algunas de ellas son: “Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego” y “Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar”. El absurdo queda en evidencia toda vez que el artículo 7 de la misma norma asume que lo dispuesto en el artículo 6 no aplica para las corralejas, corridas de toros, becerradas, rejoneo, novilladas, coleo y tientas.

Entonces, no solo es lamentable la argumentación de la Procuraduría, también lo es la manera en que está planteada la principal norma de protección animal que tiene el país.

Si la función de la Procuraduría es velar por el cumplimiento de la ley y la Constitución, aun cuando presenten fallas como la incoherencia, lo máximo que podría hacer sería verificar que la corraleja de Turbaco se haya realizado cumpliendo los condicionamientos que la Corte Constitucional estableció por medio de la sentencia C-666 en el año 2010.

Allí se especificó, entre otras consideraciones, que tales espectáculos podrían realizarse únicamente donde se hayan venido haciendo con anterioridad y con una periodicidad definida. Por lo tanto, el Ministerio Público velaría por que los que hacen y permiten que de la tortura animal se haga un espectáculo sean juiciosos y la ejecuten de manera apropiada, en términos estrictamente legales, pues de no ser así habría motivos suficientes para emitir sanciones.

Gobierno Nacional

Los ministerios de Cultura, Ambiente y Justicia también se expresaron frente al ahora paradigmático, mas no aislado, caso del toro acribillado en la corraleja de Turbaco, y también condenaron el descuartizamiento del caballo en plena corraleja.

El Ministerio de Cultura rechazó lo ocurrido y afirmó que “llegó la hora de reformar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, prohibiendo y sancionando drásticamente los actos de barbarie como el sucedido en Turbaco”, y que ya era justo “dar una discusión pública y abierta sobre el tema que seguramente tendrá otras voces que consideran que estos eventos deben seguir siendo parte de la vida nacional”.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó que “rechaza de manera enfática el ataque a un toro criollo en el marco de las fiestas de corraleja en el municipio de Turbaco en Bolívar”. Hizo también un llamado a las autoridades competentes a nivel municipal y departamental a hacer cumplir la ley. La posición del Ministerio es ambivalente porque rechaza las acciones crueles hacia los animales pero hace un llamado a que las autoridades locales velen por que los eventos donde la tortura hacia los animales es patente se realicen conforme a la normativa vigente. A la indignación moral se le atraviesa el mal pegado muro legal.

Por su parte, Yesid Reyes, ministro de Justicia, anunció que iba a abrir una investigación penal por maltrato animal y daño en bien ajeno. Es muy probable que no se llegue a nada, al fin y al cabo ese tipo de maltrato no es considerado delito en el ordenamiento jurídico nacional. Además, al pensar en que se va a realizar una investigación por daño en bien ajeno, lo que se refuerza es la posición de que los animales son considerados meros objetos y por esa razón es que debemos velar por su cuidado. ¿Será que el ‘dueño’ del toro que mataron en esa y todas las corralejas y espectáculos donde torturan animales ha puesto alguna demanda por los ‘daños’ que sufre su ‘mercancía’?

A juzgar por los pronunciamientos de parte del gabinete ministerial, parece haber buena disposición por parte del ejecutivo para empezar a hacer cambios en la manera en que Colombia trata a los animales.

Se recuerda aquí que el presidente Juan Manuel Santos, en su última campaña electoral, afirmó que en el tema de la protección animal “falta mucho por hacer”. Algunos de los puntos mencionados en su campaña fueron: penalizar el maltrato, presentar un documento CONPES para la política pública de protección animal, ejecutar dicha política de la mano de la comunidad animalista, y trabajar con el Ministerio de Educación para implementar en los colegios cátedras de promoción del cuidado de los animales – que debieron haberse implementado desde hace 25 años, cuando el Estatuto de Protección de los Animales fue sancionado como Ley. Sin duda, falta mucho por hacer.

Congresistas

Lo ocurrido en Turbaco y el revolcón mediático que generó es también un caldo de cultivo para que algunos políticos se pronuncien y hagan promesas al respecto. El senador Armando Benedetti, por ejemplo, anunció en su cuenta de Twitter que propondría un proyecto de ley que busque “prevenir el maltrato animal y algo más”, y mencionó que aquello “que le hicieron al toro en Turbaco, es lo mismo que sucede en una corrida de toros, pero esta última es considerada más elegante”. Valdría la pena que explicara en qué consistiría tal proyecto de ley, especialmente en lo referente a ese ‘algo más’ al que hace referencia.

Si en el 2015 se presenta una nueva iniciativa legislativa cuyo objeto esté directamente relacionado con la protección animal, ya serían varios los esfuerzos en el actual Congreso de la República. En el segundo semestre de 2014 los congresistas Marco Avirama y Juan Carlos Losada radicaron iniciativas legislativas de distinta naturaleza.

El senador Avirama propuso incorporar la protección animal en la Constitución, mientras que el Representante Losada radicó un proyecto de ley que busca modificar partes puntuales del Código Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y la Ley 84 de 1989.

A pesar de que Losada también manifestó por redes sociales su rechazo a lo ocurrido en Turbaco y afirmó que se deberían acabar las “excusas culturales” que justifican el maltrato animal, en su iniciativa no propone acabar con las corralejas, por ejemplo, porque las excepciones contempladas en la ley no estarían tipificadas como delito (ver artículo 339A del proyecto de ley 087 de 2014).

 

JAVIER GONZÁLEZ
Observatorio Animalista de la Universidad Javeriana
Para EL TIEMPO
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